En las últimas semanas se han sucedido las informaciones sobre corrupción política en nuestro país, coronadas por las revelaciones del diario El Mundo sobre el pago de salarios en B a dirigentes del PP durante años. Llega esta oleada de noticias en un momento en el que el descrédito de la política es más acusado y manifiesto, con una opinión pública totalmente hastiada de sus gobernantes y las instituciones que comandan desde sus torres de marfil, haciendo caso omiso al clamor ciudadano que lleva años pidiendo reformas no tanto económicas como democráticas.

La situación es tan grave que necesitaría que el Poder Judicial diese un paso adelante y encabezara una cruzada contra la corrupción política con todos los medios a su alcance, incluidos amplios poderes para la Fiscalía correspondiente y el nombramiento de un juez investigador especial al estilo de Di Pietro, que arroje algo de luz sobre las cloacas de nuestra democracia. Algunos echarán de menos a Garzón en estos momentos.

Ello debería ir acompañado de un examen crítico e independiente de nuestro entramado institucional que pueda hacer propuestas reales de mejora. No hablo de comisiones o auditorías internas dirigidas por las mismas instituciones corrompidas, sino de un estudio externo, si es por parte de un organismo internacional mejor, ya que en mi opinión gran parte del mal originado viene de la autoprotección de los partidos y el afán por el mantenimiento de su status quo, ese autismo de la clase política que la aleja sin remedio de la gente corriente que pagamos su salario con nuestros impuestos.

Es evidente que la política en España y particularmente sus partidos políticos necesitan una regeneración integral urgente. Ahora bien, no estoy de acuerdo con los mantras tipo «todos los políticos son iguales». Creo en la democracia, y por eso creo que de este pozo inmundo en el que nos han metido solo se saldrá con votos y política, pero una nueva política que devuelva poderes al ciudadano, que gane su confianza y que ponga en marcha medidas que verdaderamente puedan combatir la corrupción. Para ello hacen falta nuevas propuestas, nuevas caras y, por qué no, nuevos partidos.

Así lo entendemos la gente que hemos montado EQUO y que contra viento y marea nos presentamos a las últimas elecciones generales y todos los comicios que desde entonces se han celebrado. Con relativo poco éxito hasta ahora, es cierto, dadas las leoninas condiciones de nuestra legislación electoral actual, -una reforma imprescindible que ya es un clamor-, pero saliendo reforzados de cada cita, y mirando el futuro con optimismo, arropados por nuestros colegas verdes de otros países.

Uno de los pilares justamente de nuestro programa es la regeneración democrática del sistema político, una batería de propuestas que empiezan por la reforma constitucional que permita un completo cambio del sistema electoral e institucional, pero incide sobre todo en la transparencia y la lucha contra la corrupción dentro y fuera de los partidos políticos.

Para empezar EQUO plantea diez grandes reformas para la mejorar la participación ciudadana y el control democrático de las instituciones:

1) Primera y principal, la reforma del marco normativo electoral para garantizar la proporcionalidad y la equidad del voto, la igualdad de oportunidades para todas las opciones políticas, y dar mayor capacidad a electores y ciudadanos sobre los cargos electos.

2) Reformar la financiación pública de los partidos políticos, siguiendo las recomendaciones del observatorio europeo contra la corrupción (GRECO): regulación de préstamos bancarios, transparencia de la información financiera y contable, refuerzo de las auditorías y mejora de las atribuciones y recursos del Tribunal de Cuentas, ampliando el sistema de sanciones.

3) Establecimiento de un marco legal de participación ciudadana que regule aspectos como los consejos ciudadanos, la revocatoria de cargos electos, el voto electrónico, los presupuestos participavos, las iniciativas legislativas populares y los referendum, y la reforma de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

4) Aprobación de una Ley de Transparencia del sector público que garantice el derecho ciudadano de acceso a toda la información pública, aportando medios personales y materiales para garantizar su cumplimiento por todas las administraciones.

5) Desarrollo de un plan de Gobierno Abierto en torno a los valores de transparencia, participación y colaboración en el conjunto de las administraciones públicas, para desarrollar una nueva cultura que sitúe al ciudadano en el centro de la gestión pública, haciendo posible la colaboración entre la sociedad civil y los funcionarios, cargos electos y el conjunto de trabajadores del sector público.

6) Aprobar una ley que regule la relación entre los lobbies y las instituciones públicas, estableciendo un registro de grupos de presión y dando transparencia a su actividad.

7) Plan de reformas para la lucha contra la corrupción en el sector público, incluyendo un régimen de incompatibilidades más estricto y ampliación del plazo de prescripción para delitos de corrupción.

8) Corresponsabilidad de los partidos políticos en casos de cargos condenados por corrupción, de forma que el partido garantice como aval el cobro de las cantidades económicas objeto de la condena, así como las sanciones, y que pueda ser condenado a no presentar candidatura en el territorio origen de los hechos durante un tiempo determinado.

9) Reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y otras medidas encaminadas a una separación efectiva de poderes y a eliminar la instrumentalización partidista de la Justicia.

10) Acercar la administración de justicia a la ciudadanía, poniendo en marcha Oficinas Judiciales en todas las Comunidades Autónomas para abreviar los trámites cara al ciudadano, recuperando la figura de los juzgados de distrito y los jueces de paz para juicios de faltas y demandas civiles de menor cuantía, acercando el sistema a la media europea de 20 jueces por 100.000 habitantes y 3,5% del PIB.

Estas medidas podrían constituir un gran plan de choque para la regeneración democrática de nuestra sociedad. En EQUO apostamos por la transición de una democracia exclusivamente representativa hacia una democracia en la que se garantice la participación ciudadana en los asuntos públicos, a través del establecimiento de mecanismos de participación directa, la representación política proporcional o la apertura de los partidos políticos a la ciudadanía, como mejores fórmulas y antídotos contra la corrupción.