Comienza el macro juicio del Prestige y mi sensación personal es de total frustración hacia una justicia que no lo es. En primer lugar por la lentitud del proceso, tanta que entremedias el PP perdió las elecciones generales dos veces (una sola en Galicia). Pero sobre todo porque la sensación es que en el banquillo no se sientan los auténticos responsables de la catástrofe, si acaso unos protagonistas circunstanciales. ¿Dónde están los armadores que iban a hacer su agosto con aquel fuel pesado, el más contaminante del mercado?¿O la empresa certificadora de un buque que evidentemente no estaba en condiciones de navegar? ¿Dónde los responsables políticos que tomaron decisiones a todas luces ajenas al interés común y que solo pretendían alejar el problema lo más posible de sí mismos?
Se anuncian reclamaciones de hasta 4.000 millones de euros, pero en realidad no hay nadie solvente a quien pedir cuentas. Salvo al propio estado, que en realidad fue uno de los principales damnificados, tanto en recursos naturales como en presupuesto invertido en la limpieza de la contaminación. Nos quedará el consuelo de que un tribunal le echará la culpa oficialmente a alguien. O no. Quizás le terminen echando la culpa a la meteorología. No me sorprendería viendo los antecedentes del vertido de Aznalcóllar, donde la empresa minera Boliden se fue de rositas.
Contrasta el juicio del Prestige con el que tuvo lugar con motivo del naufragio del Erika en las costas de Bretaña, en el que la empresa Total terminó condenada a pagar 200 millones de euros de indemnización, aparte de las consiguientes multas. Hace pocas semanas que el Supremo francés confirmaba esta condena -lo cual tampoco dice mucho de la rapidez de la justicia gala; la marea negra del Erika sucedió en 1999-. Pero parece que en el minúsculo juzgado de Corcubión no han sido capaces de dilucidar quiénes fueron los auténticos responsables del desastre. Algo similar a lo que ocurrió en Aznalcóllar y el pequeño juzgado de Sanlúcar la Mayor, donde una jueza de cuyo nombre no quiero acordarme archivó la causa de la hasta entonces mayor catástrofe ecológica de este país. Hasta que se hundió el Prestige.
Sin embargo, el Prestige tiene unos propietarios conocidos, la operadora Universe Maritime y la armadora Mare Shipping, ambas propiedad del clan familiar griego Moulopoulos-Coulouthros, que evidentemente deberían hacerse cargo de las indemnizaciones y deberían estar sentadas en el banquillo. Es inaudito que los juzgados españoles sean incapaces de obligar al armador de un petrolero que se ha hundido frente a nuestras costas a venir a declarar en un juicio, máxime cuando se trata de empresas domiciliadas en un país de la Unión Europea.
Una de las conclusiones debería ser que ante de casos de este calibre, la Justicia debería tener la flexibilidad de habilitar juzgados especiales de investigación, dotados de los medios suficientes para dilucidar los siempre complicados vericuetos y circunstancias de este tipo de catástrofes en un tiempo razonable, que en ningún caso puede extenderse a una década. La otra, que la confusión entre causas penales y civiles favorece en estos casos de manera evidente a las empresas responsables, a las que se les da tiempo más que suficiente para poner pies en polvorosa y ocultar todas las pruebas que puedan tener relevancia. Algo que, visto desde fuera por un lego en la materia, parece necesitar una solución urgente.
Y por último, desde luego, es que en las catástrofes ecológicas, el que contamina no siempre paga. El medio ambiente sigue siendo el patito feo de la Justicia, y no solamente por carencias legislativas sino por una falta de sensibilidad evidente. Más de 20.000 aves marinas se recogieron petroleadas entre noviembre de 2002 y marzo de 2003, y seguramente murieron más de 100.000, pero nadie responderá por esas muertes en el juicio del Prestige.
