Amianto en el Metro

Con Alberto Oliver, portavoz de Transportes de Podemos en la Asamblea de Madrid y coautor de este artículo, con los sindicatos de Metro en una protesta contra la presencia de amianto frente al parlamento madrileño

(artículo publicado con Alberto Oliver el 9.03.18 en Público)

Ya es indignante que 35 años después de aprobada la primera directiva europea de protección contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto, se sigan produciendo en España casos de cáncer por esta causa. Doblemente cuando un real decreto del año 2006 (hace doce años) exigía que las empresas afectadas se registraran y presentaran ante las autoridades laborales correspondientes planes de trabajo específicos que determinaran los trabajadores implicados y las medidas preventivas a adoptar por el empresario.

Pero que estas normas básicas para garantizar la salud de los trabajadores hayan sido quebrantadas por una empresa pública de más de 7.000 trabajadores como es Metro de Madrid, con 600 millones de viajeros al año, es mucho peor. Raya la negligencia criminal cuando resulta que la empresa conocía perfectamente la presencia de amianto en distintas infraestructuras y trenes desde el año 2003, como han informado los sindicatos, y que algunos de esos trenes se vendieron a Argentina en los años 2011 y 2012, algo expresamente prohibido por la legislación española desde 2001.

De hecho, hasta primavera de 2017, hace menos de un año, que se declara por las autoridades sanitarias el primer enfermo por asbestosis profesional en Metro, la compañía no ha realizado ninguna tarea de prevención, ni planes de trabajo, ni mapeo de instalaciones, etc., etc. La cuantiosa multa de 191.000 euros impuesta en tiempo récord por la Inspección de Trabajo por falta muy grave contra la salud de los trabajadores, demuestra lo preocupante de la situación. La fiscalía además ha abierto diligencias penales por si existieran delitos contra los derechos de los trabajadores.

Un cúmulo de sucesos que nos ha llevado a pedir en primera instancia el cese del Consejero Delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, por desoír continuadamente las advertencias de los sindicatos y la pasividad demostrada respecto a este gravísimo problema, provocando una grave crisis de credibilidad de otra de nuestras más importantes empresas públicas. Carabante además no es ningún recién llegado a estas responsabilidades, pues fue Viceconsejero de Transportes bajo Aguirre y González, entre 2011 y 2015.

Además hemos solicitado la creación de una Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid que pueda dilucidar las responsabilidades políticas que se desprenden del caso. Los sucesivos responsables de Metro de Madrid y la Consejería de Transportes del Gobierno de la Comunidad deben venir a explicar en detalle cómo es posible que una de las empresas públicas más importantes de la Comunidad de Madrid, que gestionan en exclusiva desde hace años, haya obviado de forma tan flagrante la legislación laboral, poniendo en  grave riesgo la salud de sus trabajadores y usuarios.

Dirigir una empresa de servicio público como Metro (o el Canal de Isabel II), no es solo cortar cintas y hacerse fotos en las inauguraciones. Hay importantes responsabilidades hacia trabajadores y usuarios y nuestra impresión es que los dirigentes del Partido Popular las han olvidado durante años.

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