Uno de los sectores esenciales, que durante el confinamiento ha permitido que nuestras tiendas y mercados siguieran recibiendo alimentos de calidad y de esta manera no sufriéramos el tan temido desabastecimiento, es el compuesto por agricultores y ganaderos, que junto al personal de la industria de transformación agroalimentaria, los transportistas y los comerciantes, han permitido que la mayoría de nosotros pudiéramos permanecer en casa protegiéndonos del virus.

Los tres meses de confinamiento, nos han mostrado la necesidad de contar con un sector primario sano y productivo, capaz de suministrar alimentos de calidad en las peores circunstancias posibles. Si además esta producción es cercana, permite disminuir los transportes y en particular las importaciones, con el riesgo que estas pueden suponer, y una reducción considerable de impactos ambientales. Contribuye también al mantenimiento del empleo local y los paisajes y la biodiversidad autóctonos.

Ha habido en consecuencia una toma de conciencia pública en toda España sobre la importancia de la actividad de agricultores y ganaderos, y un consenso político generalizado en la necesidad de apoyarles para que puedan seguir realizando su labor en circunstancias tan difíciles como las que hemos sufrido. En consecuencia, el confinamiento ha puesto de manifiesto de forma aún más patente la necesidad de reforzar y modernizar la producción y comercialización de alimentos de proximidad, que nos permitan cierto nivel de autoabastecimiento y aumentar el nivel de soberanía alimentaria de nuestro país.

El apoyo al sector agrario sería incluso más necesario que en ninguna parte en la Comunidad de Madrid, donde el PIB agrario ha caído del 0,2% al 0,1% en los últimos 10 años y la renta agraria se ha desplomado casi a la mitad en los últimos 20 años, a pesar de contar con un mercado potencial de más de 6 millones de personas. Sin embargo, en los últimos 25 años, el medio rural madrileño ha sido abandonado a su suerte, en favor de la especulación de tierras y la construcción.

Los índices de despoblación, las tasas de desempleo y la brecha en estructuras, infraestructuras y servicios básicos son consecuencia directa de una clara falta de implicación de la administración autonómica con los municipios rurales en las últimas décadas, que ha comportado importantes déficits, a pesar de la cercanía a la capital, tanto de educación, sanidad, servicios sociales, transporte, y comunicaciones.

La llamada ‘Estrategia para Revitalizar los Municipios Rurales’, puesta en marcha por el anterior Ejecutivo con el objetivo de facilitar el arraigo de la población de los pequeños pueblos de la región, pretende poner remedio al desastre acumulado por los gobiernos del Partido Popular en el pasado. Pero la pretendida inversión de 130 millones de euros de dicha estrategia es irrisoria para las necesidades de más de 78 municipios con menos de 2500 habitantes que representan el 43% de todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Las 60 medidas iniciales, a las que el Gobierno de Díaz Ayuso ha sumado otras 40 (algunas repetidas), son un cúmulo de generalidades, promesas que los municipios llevan lustros esperando y compromisos obligatorios que la Comunidad ya tenía de antemano. Todo ello, empaquetado, es un subterfugio para disimular la desatención crónica al Madrid vaciado.

Por otra parte, la Presidenta Díaz Ayuso anunció en el mes de febrero, poco antes del confinamiento, un Plan Terra, supuestamente dotado con 100 millones de euros, para revitalizar el sector agrario. Nada más hemos sabido en todos estos meses de dicho Plan, hasta justamente la semana pasada, en la que se repartió un documento muy bonito, pero en el que no aparecen presupuestos de ningún tipo, algo lógico dado que los presupuestos generales de la Comunidad están en el limbo, pero que es poco serio a la hora de presentar un plan de estas características.

Durante el confinamiento se han anunciado además algunas medidas, de las cuales la más significativa es una campaña de promoción de los productos de Madrid en prensa y radio, y una petición al gobierno del Estado para bajar el IVA de los espectáculos taurinos al tipo superreducido del 4%. Ninguna partida o presupuesto adicional que haya permitido a nuestros agricultores y ganaderos sobreponerse a esta dura crisis.

En conclusión, existe un consenso político generalizado sobre la necesidad de poner remedio a la situación del campo madrileño, pero hasta ahora la administración regional anuncia muchas cosas pero concreta muy pocas. En Madrid el mantenimiento de la agricultura y ganadería tiene una importancia estratégica para el mantenimiento de la población sobre el territorio, pero los 25 años del Partido Popular, lejos de reforzarlo prácticamente lo han destruido.

Por eso el Grupo Parlamentario Más Madrid – EQUO en la Asamblea de Madrid hemos presentado estas 10 medidas en apoyo del mundo rural y el sector primario, muchas de ellas fruto de demandas permanentes de las organizaciones profesionales agrarias.

1. Incrementar hasta los 200 millones anuales durante los próximos tres años, para llegar a un total de 600 millones de inversión en la ‘Estrategia para revitalizar los Municipios Rurales’.

2. Establecer una Mesa de Seguimiento para el Desarrollo Rural y el Despoblamiento, con representantes de los municipios concernidos, a través de la FMM, los Grupos de Acción Local, los grupos políticos presentes en la Asamblea de Madrid, los agentes sociales, en particular las organizaciones agrarias, y las distintas consejerías implicadas en la Estrategia.

3. Crear un Comité Asesor Agrario para mantener una comunicación permanente, ágil y cercana entre los agricultores y la Comunidad de Madrid de la que en en este momento carecen.

4. Realizar un convenio con Agroseguro similar al del resto de CCAA, para conseguir seguros agrarios más asequibles.

5. Aumentar las ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores, estudiar la implantación de incentivos fiscales para las personas que decidan asentarse en pequeños municipios, y establecer un banco de tierras en colaboración con los municipios interesados.
6. Reforzar los servicios de asesoramiento a agricultores y ganaderos para simplificar la tramitación burocrática y administrativa y aumentar la eficacia de las ayudas.

7. Elaborar una Ley de Alimentación Saludable para los sistemas públicos de restauración en colegios, hospitales y otros edificios públicos, para favorecer la compra pública de productos alimenticios de temporada y de proximidad.

8. Facilitar la comercialización de productos locales y de proximidad, así como revisar la normativa para facilitar la producción artesana y cooperativa.

9. Elaborar un Plan de mejora y modernización de los regadíos madrileños.

10. Realizar las modificaciones pertinentes en el PDR para establecer unas ayudas temporales y de carácter excepcional para determinados sectores de la agricultura y la ganadería que permitan hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, de acuerdo con lo estipulado por la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura.