El Canal de Isabel II y Bankia: dos símbolos madrileños asolados por la corrupción política

Artículo publicado en Madridiario el 21 de marzo de 2016

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En el Día Mundial del Agua nos gustaría poder hablar de las cuestiones de gestión hídrica más importantes para la Comunidad de Madrid, como son la deficiente depuración que provoca que el agua de los tramos medios del Jarama y el Manzanares esté muy lejos de los requerimientos de la Directiva Marco del Agua. O por qué tenemos un número tan elevado de cortes y condenas de suministro, más de 21.000 en 2013 y 19.000 en 2014, cuando estamos hablando del derecho humano al acceso al agua potable. O del estado de los humedales del Parque Regional del Sureste, o de los problemas de abastecimiento de muchos pueblos y urbanizaciones de nuestra región. Pero en Madrid todo pasa a segundo plano ante la espada de Damocles que supuso la privatización del Canal de Isabel II.

Durante más de 150 años, desde su constitución en 1851, el Canal de Isabel II constituyó un gran motivo de orgullo para los ciudadanos de Madrid que hemos presumido, con razón o sin ella, de tener el mejor agua de España. 157 años hasta que en 2008 el Partido Popular quebró esta trayectoria centenaria de servicio público, y aprobó en solitario la privatización del Canal de Isabel II a través de una ley de medidas de acompañamiento. Así Esperanza Aguirre logró que el pueblo de Madrid pasara de estar orgulloso del Canal a tener que defenderlo en la calle de la privatización a través de una serie de protestas que culminaron con la mayor consulta popular que se ha hecho en Madrid, el 4 de marzo de 2012, en la que participaron 180.000 personas. A pesar la contestación social, el hoy imputado Ignacio González continuó con el proceso de privatización constituyendo ese mismo año 2012 la Sociedad Anónima Canal Gestión, un nuevo modelo de gestión mercantil, con ánimo de lucro, de funcionamiento opaco, fuera del control político y ciudadano.

En fin, seguramente como consecuencia de la presión ciudadana, la propiedad del Canal se mantiene al 82% de la Comunidad de Madrid y el 18% de los Ayuntamientos que tienen firmado convenio con Canal Gestión, pero nada impide que salga a la venta en cuanto lo decida su Consejo de Administración, constituido ahora casi en exclusiva por miembros del Gobierno autonómico del PP. Ciertamente el Partido Popular tiene un acuerdo con sus socios de Ciudadanos para mantener la titularidad pública del Canal, pero llama poderosamente la atención que el PP no dijera absolutamente nada sobre el futuro de Canal Gestión en su programa electoral. La realidad es que, si el PP decidiera incumplir este punto de su acuerdo, en la Asamblea de Madrid no podríamos hacer nada, porque el Canal está totalmente fuera del control de la Asamblea y por lo que se ve por las últimas noticias, también de la Cámara de Cuentas.

El caso es que el 19 de noviembre pasado, la Asamblea de Madrid aprobó por mayoría, con el voto de Ciudadanos y la oposición del PP, una Proposición No de Ley en la que se insta al Gobierno de la Sra. Cifuentes a emprender todas aquellas medidas necesarias para revocar el proceso privatizador y devolver al Canal su carácter público, sin ánimo de lucro, participativo y sostenible, con un modelo de gobernanza más plural en el que puedan participar los grupos políticos, los Ayuntamientos, los trabajadores y las entidades sociales. En este tiempo, nada hemos sabido respecto de las medidas que puedan dar cumplimiento a este requerimiento democrático de la Asamblea de Madrid. También, muchos de los ayuntamientos más importantes de la Comunidad, como el propio Ayuntamiento de Madrid, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Rivas, etc. etc. están aprobando mociones en estos meses, pidiendo al Gobierno la reversión del proceso de mercantilización del Canal.

Sin embargo, la realidad es que las aguas de Madrid bajan muy turbias y lo que peor huele en este caso no son precisamente las depuradoras, sino la corrupción que asola el Canal.

Por desgracia para todos los madrileños, el Canal está en boca de todos los medios en las últimas semanas a cuenta de su relación con las tramas de corrupción protagonizadas por el Partido Popular y en particular la Púnica. En todas estas noticias abundan las referencias a irregularidades de contratación, e incluso sospechas de financiación ilegal del Partido Popular. La relación del Canal con la Púnica ha salido a la luz tras conocerse la declaración ante el juez del hermano de Alejandro de Pedro, señalado como el “conseguidor” de la trama corrupta. Adrián de Pedro afirma que el Canal pagó la «facturación ficticia» a las empresas de su hermano por los trabajos de reputación en Internet para mejorar la imagen de cargos de la Comunidad de Madrid, entre los que se encuentra su expresidentes, Ignacio González, y los exconsejeros Salvador Victoria y Lucía Figar. La Comunidad de Madrid utilizaba de esta manera a una empresa pública para camuflar los pagos a las empresas de De Pedro, Eico y Madiva, implicadas en la Púnica. Según el juez, esos pagos fueron una orden del exconsejero de Presidencia, Salvador Victoria, imputado en la causa. Además de la Púnica, tenemos la operación Tosca donde tenemos al ex gerente de la filial Hispanagua y de Inalsa, dos empresas del grupo Canal, y actual colaborador de la Dirección Financiera en Canal Gestión, Gerardo Díaz, que compareció recientemente en la comisión de endeudamiento de la Asamblea. El PP de Cifuentes no sólo mantiene a este señor en la empresa, sino que además le paga la defensa, a pesar de las gravísimas acusaciones que el juez le imputa por sospechas muy directamente relacionadas con contratos de obra licitados para el Canal, adjudicados y no realizados, o directamente amañados.

Y luego tenemos el contrato de publicidad de Arena Media de 5,5 millones en 2014, empresa que trabajó para la campaña electoral del PP y con la que Salvador Victoria se reunió justo antes de la adjudicación. Y las deficiencias en la rendición ante el Tribunal de Cuentas conocidas esta pasada semana que demuestra que la arquitectura societaria montada para los negocios en Colombia y el resto de Latinoamérica permite mantenerlos al margen de los controles de las instituciones de la Comunidad Autónoma. Por no hablar de la dudosa legitimidad moral de muchos de estos negocios para una empresa pública de aguas autonómica. En fin, toda una crónica de sucesos, ante la que el Gobierno que constituye el Consejo de Administración no parece poder o querer tomar medidas. Y eso que, todos estos casos y tramas no deberían serle tan ajenos al actual Gobierno y Grupo Parlamentario del PP, puesto que tanto la Sra. Cristina Cifuentes como el Sr. Enrique Ossorio ya eran por entonces flamantes consejeros del Canal cuando todas estas cosas estaban pasando y no consta, esto sí que no consta, que hicieran nada por impedirlas. Lo que sí han hecho es mantener en el cargo al gerente de Canal Gestión, Adrián Martín, nombrado por Ignacio González, demostrando que no existe en Madrid viejo y nuevo PP.

Lo que cada vez está más claro es que aquí ha habido una trama corrupta constituida por personas del Partido Popular que se han visto favorecidas por la opacidad con que ha venido funcionando la sociedad anónima desde su creación, como una caja negra o una isla de impunidad, ajena al control parlamentario, a la fiscalización de la cámara de cuentas y a la rendición de cuentas a los ciudadanos. Se han blindado los acuerdos de su Consejo de Administración, eliminado en su seno la pluralidad política y la representación de los ayuntamientos y trabajadores. Este tipo de gestión, cuando además los consejeros no son gestores profesionales sino políticos, ya la conocemos, la hemos sufrido muy duramente en el caso de Bankia, y es un marco proclive al oscurantismo, la arbitrariedad y la corrupción.

Algunos ridiculizaron la idea de aprovechar las estructuras del Canal para constituir un “banco del agua” que ayudara a cambiar el modelo productivo de nuestra región. Y ahora sabemos que es que algunos lo venían usando como su “banco privado” para la financiación de todo tipo de actividades, incluido el espionaje entre compañeros de partido.

En nuestra opinión, muchos de los males descritos tienen su propio origen en el proceso de mercantilización y privatización de la gestión del Canal de Isabel II. El objetivo ha sido “valorizar” la sociedad anónima para hacerla más apetitosa al capital privado, a través de la generación de dividendos millonarios, aunque sea a costa de poner en peligro la viabilidad del Canal, disminuyendo drásticamente las inversiones, los gastos de personal y manteniendo una deuda desorbitada.

La revocación del proceso de privatización es un clamor en la Comunidad de Madrid. Es imprescindible investigar las irregularidades y condenar a los corruptos. Hay que establecer nuevos sistemas de gestión pública que supongan un freno a las irregularidades y a las prácticas corruptas y que garanticen un servicio eficiente y de calidad del ciclo integral del agua.

Alejandro Sánchez es miembro fundador de EQUO y diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid